Desigualdad se agravará con recortes a personas con discapacidad y estancias infantiles

Una investigación apoyada por la CNDH revela que, en el año que termina, el gobierno federal destinó sólo 31% del presupuesto al gasto social, incluyendo la que es cofinanciada por empresas y usuarios, como el IMSS. Los expertos advierten que los recortes previstos en el PEF 2019 cargarán más peso sobre la población.

El gobierno federal invirtió, durante el año que termina, un promedio de 13 mil 800 pesos por cada habitante del país en el rubro de Gasto Social, que cubre lo relativo a Educación, Salud, Asistencia y Seguridad Social, reveló una investigación de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Las autoras advierten que este monto se verá reducido en 2019 con los recortes establecidos en el Presupuesto de Egresos a grupos vulnerables, quienes tendrán que asumir por su cuenta lo que no pueda otorgarles el Estado.

Los 13 mil pesos per cápita gastados en 2018 ya incluyen los gastos que son cofinanciados a partes iguales por empresas y derechohabientes -como el Seguro Social-, pues sin contemplar ese sector, el monto cae hasta cinco mil 600 pesos. Esto significa, de acuerdo con el informe, que la población derechohabiente está cubriendo junto con el Estado el Gasto Social, y goza de mayor asistencia porque la paga a través de sus contribuciones.

Esta distribución del gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), además de insuficiente resulta discriminatoria, de acuerdo con la investigación; ya que del Gasto Social federal (31% del PEF 2018), menos de la mitad se destina a la población total (13%) y el resto lo recibe únicamente la población derechohabiente (18%), es decir, los trabajadores formales.

“Se esperaría que para una sociedad como la mexicana, con altos niveles de pobreza y desigualdad entre mujeres y hombres, se asignen gran cantidad de recursos al gasto social”, refiere el texto.

Esto ocurre en un país donde más de la mitad (56%) de los trabajadores están en el sector informal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. “Dicho de otra manera, la mayor parte del gasto social son recursos que únicamente se aplican para personas derechohabientes”, puntualiza el ‘Diagnóstico de Corresponsabilidad del Estado en los Trabajos de Cuidado’, realizado por la asociación civil en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esta desigualdad se agravará con los recortes contemplados en el PEF 2019 para apoyos sociales como la atención a personas con discapacidad y las estancias infantiles, que son espacios para los hijos de madres trabajadoras sin seguridad social, es decir, informales. Este sector, que de por sí carece de muchas prestaciones por no tener un empleo formal, se verá particularmente afectado por las consecuencias del recorte, advirtió una de las autoras del Diagnóstico, Lucía Pérez Fragoso.  

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La investigadora explicó a Animal Político que las estancias infantiles fueron creadas como un programa de apoyo a madres trabajadoras sin empleo formal, cuando la crisis económica obligó a que más mujeres trabajaran, no por elección sino por necesidad. “Pero como ha sido un tema tan poco atendido para la informalidad, todo lo que se asigna y reglamenta es con relación al empleo formal y las guarderías formales; estas estancias son para cubrir ese hueco tan grande de todas las mujeres que no tienen trabajo formal”, puntualizó.

Hasta el sexenio que recién concluyó, de Enrique Peña, el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que cambió de nombre a secretaría del Bienestar en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante 2018, dicha instancia otorgó apoyo a la población no derechohabiente generando servicios de cuidado “bajo requisitos y condiciones mucho más laxas que los requerimientos de las guarderías”, señala el reporte, y también con recursos mucho menores que las contributivas.

De acuerdo con este cálculo del Diagnóstico, durante 2018 el gobierno federal destinó mil 150 pesos al mes por niño atendido en las estancias infantiles. “Es poquísimo, en comparación de lo que asigna el Estado para cuidar a los otros niños. Aunque es contributivo porque una tercera parte la pone la madre, otra el Estado y otra la empresa, aun así está poniendo mucho más dinero para los que tienen empleo formal. Esas son las injusticias”, expresó Pérez Fragoso.

Estancias infantiles recibirán la mitad

De esos recursos que ya eran pocos, para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó dos mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los cuatro mil 70 millones erogados en 2018. Esta polémica decisión no llegó acompañada de un argumento que explique cómo se va a cubrir a los 313 mil niños que asisten a las estancias, o si los recursos eliminados se destinarán a otro rubro que resulte en una mejor atención.

“Si le quitaron dinero porque lo van a convertir en un programa mejor, qué bueno, pero eso es lo que no sabemos. Si está atendiendo a más de 300 mil niños y le quitan la mitad del dinero, querría decir que van a atender a la mitad. ¿Qué va a pasar con esos otros?”, cuestionó la experta en Economía Feminista y Trabajo de Cuidado.

Advirtió que resulta muy delicado recortar recursos a un sector de la población vulnerable y que no tiene otras opciones, como las madres trabajadoras del sector informal, pues aunque la asignación presupuestal para las estancias resulte discriminatoria, es lo único que tienen.

“Es de esos programas muy malos pero que si los quitas, dejas a la población sin nada. Las personas que cuidan a esas niñas y niños hacen un esfuerzo enorme con recursos muy escasos. Y si reciben la mitad, no se puede pagar 500 pesos por mes a las que hay, yo creo que lo que se va a reducir son las estancias. Habrá menos concesiones. Pero eso no queda claro en el Presupuesto, ni dónde habrá dinero para cubrir a los que quedan desprotegidos. En México los presupuestos siempre han sido para cobertura, les encanta ampliar y ampliar la cobertura pero muy poco para calidad”, sentenció la autora del Diagnóstico.

La atención a los niños que quedarán descubiertos, advirtió la experta, quedará solamente en manos de sus familias, quienes tendrán que arreglárselas para cubrir estas carencias ante la ausencia del Estado; tal como ocurre en México con la mayor parte de las labores de cuidado, que recaen siempre en las mujeres de la familia.